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Colombia pide perdón, nunca lo olvidaremos, fueron las expresiones de pesar generalizado y la valía de una reparación simbólica. El Espectador informó: “En un acto de reconocimiento, liderado por el presidente Gustavo Petro, la representación de Estado ofreció disculpas a la familia de Diego Felipe Becerra, un grafitero de 16 años asesinado por un policía en 2011 y revictimizado en un montaje judicial orquestado por altos mandos de la institución”.
Quiero sumarme a las voces de los colombianos que claman porque en nuestro país no se normalice la muerte, la discriminación y la injusticia; cuando se arrebata la vida a las personas, en especial si son niños, jóvenes, también se aniquila los sueños, la esperanza, el futuro; esa brutalidad destruye a familiares, amigos y devasta la sociedad. Si bien es cierto ninguna forma de violencia es aceptable, resulta terrorífico y reprochable que estas graves violaciones a los Derechos Humanos provengan de agentes del Estado.
En contexto: Diego Becerra: Colombia pide perdón a familia de grafitero asesinado por un policía
Liliana Lizarazo y Gustavo Trejos, los padres de Diego Felipe, merecen reconocimiento, admiración y solidaridad. Fui profesor de Gustavo en la maestría de Derechos Humanos de la ESAP en Bogotá, 2023, y le aprendí mucho. Conversamos y me contaron que durante largos años buscaron llegar a un acuerdo con los directores de la Policía Nacional, para que aceptaran su responsabilidad y que pidieran disculpas públicas “ellos nos subestimaron y pensaron que nunca lo podríamos lograr y con su orgullo de preservar la institucionalidad con mentiras y ardides se negaron aduciendo que solo lo harían cuando un juez o una corte lo ordenara”. Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la admisibilidad de su queja, lo que permitió el acercamiento con el Gobierno Nacional y llegar a la solución amistosa por medio de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Con sentimiento expresaron que lograr las tan anheladas disculpas públicas, materializadas en el acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado colombiano en la ejecución extrajudicial y la posterior alteración de la escena del crimen en el caso de Diego Felipe, fue algo histórico; un momento indescriptible de emociones: alegría, tristeza, paz, justicia y aceptación. Aman a su hijo Diego Felipe, un joven bueno, un naciente artista urbano, que consideran merecía este acto majestuoso, por la dignidad que le fue arrebatada y la cual no pudo defender, pues le quitaron su vida.
Destacan que igualmente, fue relevante la participación del Gobierno Distrital al otorgarles la placa conmemorativa con la cual se da a conocer el Acuerdo 907 de 2023, por medio del cual se exalta la memoria de su hijo; el puente de la Avenida Boyacá con calle 116 recibirá el nombre de Diego Felipe Becerra Lizarazo. Valoran que esta ceremonia marcó un cambio, con un Gobierno que respeta la vida, que abre un camino a las víctimas de la Policía Nacional, para que sean reconocidas, escuchadas y para que se les permita llegar a estos actos de perdón, y así sentir regocijo; a una reparación que ayude a sanar el alma y reconcilie a las víctimas con la institución policial.
Desde estos actos de reconciliación, invitan a todos los miembros de la Fuerza Pública para que reflexionen y se cree conciencia colectiva: ese joven golpeado, ultrajado o asesinado puede ser su hijo, su hermano, un ser querido. Resaltan que la piedra angular de su acuerdo con el Estado es la garantía de no repetición, la pretensión es que a otras personas y familias no les pase lo acaecido con Diego Felipe, soportar este inmenso dolor es devastador, y a la vez, es un punto de partida para que muchas víctimas tengan la fortaleza de perseverar y no dar un paso atrás.
Comparto su convicción que la Policía Nacional necesita hacer un alto en el camino, su impronta institucional debe ser la mediación y resolución pacífica de los conflictos, su legitimidad y aceptación ciudadana construida desde el respeto y la verdad. Esperan que sus peticiones sean tenidas en cuenta: la Policía Nacional no puede estar en el Ministerio de Defensa, ni sus miembros juzgados por la Jurisdicción Penal Militar, esto facilita el encubrimiento de los delitos derivados del abuso de poder; que los uniformados vinculados a procesos penales y disciplinarios, en especial aquellos relacionados con abusos de autoridad, sean suspendidos del cargo hasta que se defina su situación legal, preguntan: en esa tensión entre la presunción de inocencia y los derechos de las víctimas y su dolor ¿cuál derecho debería privilegiarse?
Liliana y Gustavo son personas valientes, perseverantes, sensibles y resilientes; comprometidos con la causa de la defensa de los Derechos Humanos. Diego Felipe Becerra Lizarazo in memoriam por siempre.